Comentario

Desde la Primera Guerra Mundial los intereses norteamericanos en la región aumentaron de forma constante, lo que explica su gran interés por América Latina. La Revolución Cubana fue vista con bastante temor, especialmente por los efectos multiplicadores que podía tener en los restantes países. El diagnóstico de la flamante administración del presidente John F. Kennedy fue bastante similar al de los estructuralistas. Se pensó que con un rápido crecimiento económico (a tasas anuales del orden del 2,5 por 100 del PIB per cápita) se podían desalentar nuevos estallidos revolucionarios a imitación de lo ocurrido en Cuba y así nació la idea de la Alianza para el Progreso, una especie de reedición continental del plan Marshall.
En agosto de 1961 se reunió en Punta del Este, Uruguay, el Consejo Interamericano Económico y Social, que sentó las bases políticas de la Alianza. La industrialización (el despegue) y el crecimiento autosostenido eran el mejor, y el único, camino para salir del subdesarrollo, lo que invalidaría otras formas de crecimiento económico. Algunos países, como Brasil, Argentina o México podían lograrlo y así se incorporarían al núcleo de países desarrollados. La integración económica regional debía complementar estas políticas de desarrollo.

La idea de los planificadores y los políticos era la de crear las condiciones que permitieran integrar a las masas a la vida política en un marco democrático, para lo cual había que combatir el analfabetismo y mejorar las condiciones sanitarias de las poblaciones. La reforma agraria formaba parte del paquete de actuaciones y con ella se trataba de romper el estancamiento rural, a la vez que se garantizaba el abastecimiento de alimentos a los centros urbanos y se creaban mejores condiciones para la industrialización. La reforma agraria chilena impulsada por el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei es uno de los mejores ejemplos de las reformas impulsadas por la Alianza para el Progreso. La reforma chilena tuvo efectos positivos, y entre 1964 y 1970 algunos propietarios modernizaron sus dominios para evitar la expropiación y la producción agrícola aumentó.

Para lograr sus objetivos, la Alianza debía movilizar 20.000 millones de dólares en diez años, la mitad sería invertida por Washington y la otra mitad por empresas privadas. Los gobiernos latinoamericanos debían aportar una cantidad semejante, especialmente con fondos estatales. Para completar el panorama, los Estados latinoamericanos debían transformarse para poder aumentar su efectividad y cumplir nuevas funciones, entre ellas la reforma fiscal, que mejorara la gestión, aumentara los ingresos del Estado y permitiera una mejor redistribución de la renta.

Tras el asesinato de Kennedy, el gobierno de Lyndon Johnson cambió las prioridades para la región, abandonando el ideal del crecimiento económico por el de un mayor intervencionismo en el continente. La Alianza para el Progreso muy pronto se desinfló y los objetivos de desarrollo económico y democratización pasaron a un segundo plano, al igual que las reformas agrarias, que sólo sirvieron para realizar algunos tímidos repartos de tierras. La seguridad y la defensa continental ocuparon el centro de la política regional norteamericana.